En una decisión que reaviva la tensión con parte del Congreso y sectores sociales, el presidente Javier Milei oficializó este lunes el veto completo a tres leyes clave: el aumento a jubilados, la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. La medida fue formalizada a través del Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada.

El Gobierno argumentó que las leyes vetadas representaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos para 2025 y cerca de 17 billones para 2026, sin fuentes de financiamiento ni cálculos actuariales que justificaran su viabilidad. Según el texto, su implementación “pone en riesgo el equilibrio fiscal, compromete las metas económicas y amenaza la estabilidad del sistema previsional”.

Con este veto, quedó sin efecto el aumento del 7,2% en los haberes y pensiones, así como el incremento del bono previsional de $70.000 a $110.000, que iba a actualizarse por inflación. También se frena la aplicación de la moratoria previsional y se anula la declaración de emergencia en discapacidad que contemplaba un refuerzo en las pensiones no contributivas y la compatibilidad con empleos formales de bajos ingresos.

El proyecto sobre discapacidad, impulsado por el diputado Daniel Arroyo, establecía beneficios para personas con invalidez hasta diciembre de 2027, incluyendo pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo y otras medidas de inclusión.

La Casa Rosada sostiene que vetar las leyes no convalida su legalidad y advirtió que, en caso de que el Congreso rechace los vetos, recurrirá a la Justicia. Según fuentes del Ejecutivo, la sesión del Senado que aprobó las normas “fue inválida”, y por eso no descartan judicializar el conflicto.

En paralelo, el oficialismo ya trabaja para asegurar el respaldo parlamentario necesario y evitar que el Congreso revierta la decisión presidencial. Para que el veto quede firme, La Libertad Avanza necesita reunir dos tercios de al menos una de las cámaras.

Con 39 diputados propios, el bloque oficialista da por hecho que podrá blindar el veto en Diputados, su cámara de origen. En ese marco, cinco diputados radicales —Luis Picat, Pablo Cervi, Federico Tournier, Francisco Monti y Mariano Campero— se sumaron recientemente a La Libertad Avanza, fortaleciendo su bancada.

Además, la Casa Rosada mantiene negociaciones activas con gobernadores y bloques provinciales aliados. El PRO, liderado por Cristian Ritondo, cuyos 35 diputados respaldaron los vetos de 2024, es clave, aunque no todos sus miembros aseguran su apoyo en esta ocasión, especialmente los cercanos a Horacio Rodríguez Larreta.

Otro grupo que puede inclinar la balanza es Innovación Federal, integrado por legisladores cercanos a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro. Si bien algunos votaron a favor de los proyectos vetados o estuvieron ausentes, el Gobierno apuesta a que las conversaciones con las provincias puedan reencauzar esos votos.

En Tucumán, los tres diputados del bloque Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, también habían acompañado el aumento a jubilados. Sin embargo, desde el oficialismo recuerdan que ya en ocasiones anteriores algunos de estos legisladores se abstuvieron o no asistieron, facilitando la aprobación de los vetos.

La estrategia parlamentaria se articula además con la reactivación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y acuerdos electorales territoriales. En varias provincias, La Libertad Avanza y el PRO sellaron alianzas de cara a las elecciones de octubre, lo que podría traducirse en respaldo legislativo.

Mientras tanto, desde el Gobierno insisten en que el objetivo es llegar a los comicios sin comprometer las metas fiscales. “No vamos a poner en riesgo el equilibrio macroeconómico por medidas demagógicas”, repiten en Casa Rosada.