El presidente Javier Milei firmó en las últimas horas los vetos a las leyes que proponían una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y declaraban la emergencia en discapacidad. La decisión, que se publicará en el Boletín Oficial este lunes, se mantuvo en reserva hasta ahora para demorar su eventual tratamiento parlamentario.

El Gobierno busca sostener la medida en la Cámara de Diputados, donde podría correr riesgo de ser rechazada. Para eso, la estrategia incluye acuerdos políticos con gobernadores, reparto de fondos discrecionales y reconfiguración de bloques legislativos.

Durante esta semana, se oficializó el ingreso de cinco diputados radicales al bloque de La Libertad Avanza: Luis Picat, Pablo Cervi, Federico Tournier, Francisco Monti y Mariano Campero. La movida busca consolidar una mayoría junto al PRO y legisladores federales.

Los encargados de conducir las negociaciones son el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. En las últimas semanas mantuvieron reuniones con al menos siete gobernadores: Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Además de buscar apoyo legislativo, el oficialismo intenta conformar frentes electorales con algunos mandatarios para las elecciones nacionales del 26 de octubre. Con otros, en cambio, acuerda competir por separado para enfrentar al peronismo local.

Desde Balcarce 50 aseguran que no aceptarán cambios que afecten la recaudación del impuesto a los combustibles, aunque están dispuestos a ceder el porcentaje que actualmente se destina al Sistema Vial Integrado (SISVIAL). También evalúan negociaciones “uno a uno” para la cancelación de deudas provinciales y el envío de ATN.

El Ejecutivo sostiene que la sesión del Senado en la que se aprobaron las leyes fue inválida y advierte que judicializará el tema si el Congreso avanza en el rechazo del veto. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto a su equipo de abogados y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, lidera la estrategia legal.

“La ley no se va a promulgar si no nos dan la razón. Los fondos no se van a gastar”, insisten desde la Casa Rosada, convencidos de llevar la disputa hasta las últimas consecuencias con tal de evitar el impacto fiscal que implicaría aplicar las normativas vetadas.