El gobernador del estado, Cláudio Castro, calificó la intervención como “la mayor ya realizada contra el Comando Vermelho” y advirtió que la cifra de víctimas podría aumentar. “La operación continúa y el balance es parcial”, expresó, confirmando además que los delincuentes resistieron con drones artillados.

Entre los muertos hay cuatro policías y al menos 60 civiles, presuntamente miembros del grupo delictivo. Las autoridades también informaron el secuestro de 50 armas de fuego, entre ellas 42 fusiles de asalto, y 81 arrestos en total.

El operativo comenzó en la madrugada con el despliegue de 2.500 uniformados, quienes contaban con órdenes de captura para 100 sospechosos. El objetivo era desarticular el control territorial del Comando Vermelho, considerado el grupo narco más poderoso de Río y uno de los principales de Brasil, junto con el Primer Comando de la Capital (PCC).
Durante la ofensiva, los criminales robaron más de 50 micros para utilizarlos como barricadas en distintos puntos de acceso y atacaron a las fuerzas con armas de alto calibre y drones armados. Testigos locales relataron que los enfrentamientos se extendieron por horas, mientras cientos de habitantes de las favelas huían o se refugiaban en sus casas ante el fuego cruzado.

La Policía Civil confirmó que el operativo busca desmantelar la red de narcotráfico, tráfico de armas y extorsión que controla buena parte del norte de Río. “Buscamos a los cabecillas del Comando Vermelho y a sus lugartenientes”, señalaron en un comunicado oficial.
Según el portal G1, el operativo derivó en enfrentamientos simultáneos en distintos barrios, con vehículos incendiados y cortes de calles. Las imágenes difundidas por medios locales mostraron barricadas humeantes, autobuses cruzados en las avenidas y helicópteros sobrevolando las zonas de combate.

La magnitud de la operación superó a cualquier otra registrada en Río de Janeiro. Castro aseguró que se trató de una acción “para combatir la expansión territorial del crimen organizado”, pero organizaciones sociales denunciaron el impacto sobre los civiles y pidieron garantías para los vecinos de las favelas.