La decisión, que representa más del 5% de la dotación total del INYM —organismo que cuenta con alrededor de 180 trabajadores—, fue adoptada bajo la gestión de Rodrigo Correa, quien asumió formalmente la presidencia del Instituto el pasado 11 de diciembre mediante el Decreto 873/2025 firmado por el presidente Javier Milei.

El impacto de las desvinculaciones provocó una inmediata reacción de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN), que difundió un duro comunicado desde Comandante Andresito, Misiones. En el documento, la entidad expresó “nuestro más enérgico repudio a la actitud adoptada por algunos directores del INYM, quienes han tomado la decisión de despedir trabajadores, afectando gravemente a áreas estratégicas y a personas con una trayectoria histórica de compromiso y trabajo”.

Según señalaron, los trabajadores despedidos cumplían funciones esenciales y habían sido durante años un nexo permanente con los productores, sosteniendo tareas clave en áreas como registro, prensa y fiscalización. En particular, el comunicado advierte sobre el impacto directo en el área de Fiscalización, a la que definieron como “construida con esfuerzo colectivo, vocación y profesionalismo” y fundamental para garantizar el control de calidad de la materia prima.

Desde la asociación remarcaron que la calidad es el único factor que garantiza la confianza de los consumidores, su fidelidad y el crecimiento sostenido del consumo de yerba mate. En ese sentido, alertaron que desmantelar el área encargada de resguardar esos estándares implica “afectar directamente el último eslabón de la cadena, poniendo en riesgo la fidelidad de los consumidores actuales y la posibilidad de sumar nuevos”, advirtiendo que hoy ese rol se encuentra “seriamente debilitado”.

El comunicado también contextualiza los despidos en un proceso más amplio. Según la ACPYN, el INYM “venía trabajando plenamente, con tareas asignadas a todos los trabajadores y con áreas operativas en funcionamiento, hasta diciembre de 2023”, cuando tras la asunción de Milei se decidió quitarle facultades al Instituto y paralizar su accionar, lo que calificaron como un proceso de vaciamiento institucional que ahora se profundiza con estas cesantías

La entidad consideró “aún más grave” que las desvinculaciones se hayan producido en esta época del año, señalando una “profunda falta de sensibilidad social y laboral” que afecta no solo a los trabajadores y sus familias, sino también al normal desarrollo de las actividades productivas y al vínculo histórico con los productores yerbateros.

En ese marco, los productores reclamaron identificar con claridad quiénes son los trabajadores despedidos y a qué áreas pertenecen, subrayando que “no se trata de números ni cargos prescindibles, sino de personas con experiencia, conocimiento y compromiso” que fortalecieron la institución y el trabajo conjunto con el sector productivo

Finalmente, la ACPYN exigió “explicaciones claras y decisiones responsables” y sostuvo que defender el trabajo, la calidad, la trayectoria y el rol estratégico de estas áreas “es defender la historia, la transparencia y el futuro del sector yerbatero”.

El documento lleva la firma del presidente de la entidad, Julio Alfredo Alcántara Petterson, del secretario César Omar Tarnowyk y del tesorero Víctor Fabián Tarnowyk.

El comunicado de ACPYN