La acusación fue leída en presencia de la ex mandataria, conectada vía Zoom desde el departamento de San José 1111, donde cumple arresto domiciliario por la condena en la causa Vialidad.
Según el requerimiento del fiscal Carlos Stornelli, “la principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández, quien más allá de ser la Presidenta de la Nación Argentina, era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados”. Para la fiscalía, está “acreditado” que recibió fondos tanto de manera personal como a través de Héctor Daniel Muñoz, su histórico secretario privado fallecido en 2016.
La imputación sostiene que el departamento de la calle Uruguay, en Recoleta, era uno de los puntos de “acopio” del dinero entregado por los empresarios, junto con la Quinta de Olivos, la Casa Rosada y el departamento de Juncal y Uruguay. Las acusaciones se respaldan en las anotaciones del chofer Oscar Centeno y en testimonios de arrepentidos, como el ex funcionario Claudio Uberti, quien relató que vio “unas 20 valijas” en el departamento de los Kirchner en Recoleta, cuyo contenido —según dijo Muñoz— tenía como destino la vivienda de Río Gallegos “donde se encontraban bóvedas que había comprado al Banco Hipotecario”.
Durante la lectura del expediente, que abarca 128 hechos de coimas, la fiscalía enumeró pagos atribuidos a empresarios como Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Juan Carlos de Goycoechea, Gerardo Ferreyra, Raúl Glazman, entre otros. A partir de esos episodios, concluyó que “los eslabones convergen así en un solo punto”: la entonces presidenta.
En la audiencia también se leyó el escrito de defensa que Cristina Kirchner presentó en la instrucción. En él, rechazó todas las acusaciones y cuestionó la investigación judicial:
“No han conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen”, enfatizó. Y agregó: “Niego de manera categórica y terminante haber formado parte de algún tipo de asociación ilícita, así como también de haber cometido delito alguno”.
En otro tramo, sostuvo: “La investigación dirigida deliberadamente en mi contra… no ha conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen”.
Cristina Kirchner está procesada como presunta jefa de una asociación ilícita y por cohecho en 22 oportunidades. El juicio incluye a otros 85 imputados.
El Tribunal Oral, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, continuará con dos audiencias semanales —martes y jueves— en las que se leerán los requerimientos de elevación a juicio de causas vinculadas, como el caso de sobornos de Isolux-Corsán.
Las defensas anticiparon que presentarán planteos preliminares una vez concluida la lectura de la acusación. Luego se abrirá la etapa de respuestas de la fiscal Fabiana León y la querella de la UIF, antes de pasar a resolver cada planteo.
Si no hay cambios logísticos, a partir de febrero de 2026 comenzarán las 86 declaraciones indagatorias. Cada imputado deberá presentarse presencialmente ante el Tribunal, más allá de que opte o no por declarar. Mientras tanto, las audiencias se desarrollan en formato mixto, con los jueces en sala y el resto conectado por Zoom.
El Tribunal evalúa la posibilidad de trasladar el juicio a Comodoro Py 2002 para incrementar la presencialidad, a la espera de la respuesta de la Corte Suprema sobre la disponibilidad de una sala alternativa en Talcahuano 550.
Entre los acusados que ya siguen el juicio desde prisión se encuentran Julio De Vido y Ricardo Jaime, ambos detenidos tras quedar firmes sus condenas por la tragedia de Once y sin acceso al beneficio de prisión domiciliaria.


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