El debate sobre la yerba mate volvió a instalarse en el país a raíz de que el pasado 17 de noviembre, el gobierno nacional publicó el Decreto 812/2025 quitando facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) para establecer cualquier regulación que “provoque distorsiones en los precios” o “interfiera con la libre interacción entre oferta y demanda”.

La nueva resolución del gobierno de Javier Milei llega en el peor momento para los productores del sector, que reciben por la materia prima tres veces menos del monto que estiman deberían recibir. En algunas zonas productoras venden a 160 pesos, cuando estiman que debería elevarse a unos 480 pesos por kilo, para así poder hacer frente a los aumentos de los insumos y quedarse con algo de ganancias. De los datos recolectados por este matutino, se aprecia la disparidad de precios como sucede en la Zona Centro, desde donde informan que se abonan 280 pesos, 180 pesos o 240 pesos, pero con el agravante que solo en algunos casos se abona al contado siendo más frecuente pagar con cheques entre 60, 90 y hasta 120 días, que no siempre tienen fondos. Los propios productores recomiendan tener presente el costo de los servicios, para limpiar la chacra, comprar fertilizantes; todos con notable incremento, comenzando por el gasoil como se verá más adelante.

En Andresito pagan a unos 250 pesos el kilo y entre 210 y 240 pesos en El Soberbio, también con cheques a largo plazo. Desde la Zona Sur, comunicaron que se están abonando 285 pesos el kilo de hoja verde este año. La disparidad es notable. Algunos productores consultados informaron que están entregando a 150 pesos el kilo en la zona de Oberá, para entregar la yerba en marzo, cuando se inicie la cosecha. Es como volver al 2023, cuando se pagaba a los productores hasta 140 pesos el kilo de hoja verde, es decir por encima del valor oficial fijado entonces de 120 pesos, según los registros que cuenta el Inym. Desde este Instituto concluyen que en los 22 años del Inym “no se registraron crisis de sobreproducción de yerba mate, garantizando que el precio que se pagó por la materia prima esté por encima de los costos de producción”.

El contador público nacional ya la vez diputado provincial, Cristian Castro, brinda un trabajo sobre cómo se fue desvalorizando el valor de la materia prima, con consecuencias directas a la mayoría de los doce mil productores que cultivan yerba mate.

Efectivamente toma como promedio que, en diciembre 2023, el valor de la hoja verde se compraba a 210 pesos el kilo y ahora en noviembre 2025, el promedio es de 265 pesos el kilo, con lo cual solo tuvo una variación del 26,19%. En contraste el gasoil subió más del 200% y casi un 300% el valor del reemplazo de una camioneta. O tomando la materia prima que se necesita vender, con 97 mil kilos se compró una camioneta cero kilómetro y, ahora se necesita vender más de 300 mil kilos de hoja verde. Haciendo igual comparación el contador muestra que la inflación acumulada IPC ascendió en igual periodo en un 241%. “El productor se convirtió en variable de ajuste del mercado, después de la desregulación”, concluyó Castro al elaborar una serie de cuadros comparativos sobre la realidad del sector.

El análisis

Darío Ezequiel Díaz, Doctor en Economía, Magister en Ciencia de Datos, Licenciado en Economía brinda, según aclara una mirada estrictamente personal y no comprometen a las instituciones con las cuales el autor mantiene vínculos académicos o laborales, ya que es Director de Metodología y Relevamiento Estadístico del Instituto Provincial de Estadística y Censos de Misiones (IPEC).

Tras derogarse los artículos 9 a 19 del Decreto 1240/2002, sostiene que "constituían el andamiaje institucional que permitía fijar precios de referencia, establecer calendarios de cosecha y limitar plantaciones. Su eliminación deja a más de doce mil productores misioneros y correntinos expuestos a una dinámica que la evidencia empírica ya indicó devastadora durante los años noventa".

Desde los orígenes

Recuerda que esta transformación normativa comenzó con el DNU 70/2023 y se profundizó mediante la Resolución 452/2025, que eliminó el tope anual de cinco hectáreas por productor para nuevas plantaciones. "La narrativa oficial resulta simple: desregular aumentaría la competencia, reduciría costos al consumidor y abriría mercados de exportación. Sin embargo, cuando contrastamos ese discurso con la arquitectura real del complejo yerbatero, surge un diagnóstico diametralmente opuesto. En mercados caracterizados por oligopsonio industrial, oferta agrícola rígida y demanda doméstica inelástica, las herramientas regulatorias no constituyen 'distorsiones arbitrarias'. Actúan como mecanismos correctivos ante fallas estructurales de mercado", sostiene el economista.

Díaz recuerda que el 74,7% opera explotaciones menores a veinticinco hectáreas y genera poco menos de la mitad de toda la materia prima nacional. "En el extremo opuesto de la cadena encontramos otra realidad. Siete secaderos concentran el 30,6% del procesamiento inicial. Veinte firmas -apenas el 12% del universo industrial- acaparan más del 56% de la hoja verde adquirida. Esta pirámide asimétrica se vuelve aún más pronunciada en el eslabón siguiente: diez molinos dominan aproximadamente tres cuartos del mercado. Cinco cadenas de supermercados controlan el acceso final al consumidor", añadió Diaz.

Plantea que lejos del modelo idealizado de competencia perfecta, "nos encontramos frente a un oligopsonio espacialmente segmentado. Miles de vendedores fragmentados deben canalizar su producción hacia un puñado de compradores con capacidad manifiesta para fijar precios y condiciones contractuales". Agregue que "la geografía agrava este desequilibrio. La hoja verde debe procesarse dentro de las veinticuatro horas posteriores a su cosecha".

Las barreras estructurales

Sobe un argumento recurrente en defensa de la desregulación, el economista sostiene que, si existen rentas extraordinarias en el eslabón industrial, la libre entrada de nuevos secaderos y molinos incrementaría naturalmente la competencia por materia prima, elevando los precios pagados a los productores.

“Esta lógica, impecable en el pizarrón de competencia perfecta, ignora deliberadamente las barreras de entrada estructurales que caracterizan al complejo yerbatero.

 Primero, las economías de escala en procesamiento industrial son significativas. Un secador eficiente requiere inversión de capital considerable: infraestructura de secado con control térmico preciso, sistemas de barbacuá, cintas transportadoras, instalaciones de almacenamiento climatizado y equipamiento para estacionamiento prolongado.

 Estos costos fijos solo resultan viables por encima de umbrales mínimos de procesamiento que excluyen entrada a pequeña escala”.

Añade otro punto: "La integración vertical de los jugadores dominantes constituye una barrera estratégica formidable. Las principales firmas controlan simultáneamente secado, molinería, empaquetado y, crucialmente, canales de distribución comercial consolidados durante décadas. Un entrante puro que solo posee capacidad de secado debe vender yerba canchada a molinos que son, simultáneamente, sus competidores integrados. Esta asimetría contractual permite a los incumbentes ejercer poder de compra monopsónico sobre potenciales entrantes, apropiándose de sus márgenes de pago mediante condiciones leoninas de o calidad”.

Como tercer punto, añade “las certificaciones fitosanitarias, registros de marca, desarrollo de posicionamiento comercial y acceso a góndola demandan inversiones hundidas masivas y tiempos de maduración que exceden el horizonte financiero de entrantes pequeños o medianos”.

Observa que “las cadenas de supermercados, oligopsonios comerciales por derecho propio, privilegian sistemáticamente a proveedores establecidos con volúmenes garantizados, rechazando nuevas marcas que carezcan de track récord probado”.