Tras la ratificación el martes por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en Casa Rosada prometen una detención “respetuosa”, y anticipan que evitarán «montar un show” del suceso. La fotografía del exvicepresidente Amado Boudou, esposado, en pijama y descalzo, detenido por la Prefectura Naval en su departamento de Madero Center grafica lo que no quieren representar en la administración libertaria.

“La foto humillante no va a estar”, anticipó una fuente de Gobierno a la agencia Noticias Argentinas por los pasillos de Balcarce 50 respecto al suceso que tuvo lugar en noviembre de 2017, y sumó: “Eso lo hacía el macrismo”.

Otra importante voz con acceso al despacho presidencial planteó que el proceso será “lo más cuidado posible”, al tiempo que valoró la determinación de la dirigente peronista de aplacar las expresiones de protesta.

En el Poder Ejecutivo reina un clima de incomodidad en torno a la sentencia que dictó el la Corte Suprema, y evitan correrse de las líneas acordadas que se limitan a remarcar que se trata de un proceso judicial y no político.

Si bien el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) a cargo de Jorge Gorini, deberá definir el lugar en el que deberá comparecer la exmandataria, desde el Ministerio de Seguridad, que lidera Patricia Bullrich, aseguraron que también forman parte del debate que por estas horas permanece abierto.

Por el momento, Gorini estableció que la exmandataria tiene cinco días hábiles para presentarse en los tribunales de Comodoro Py, y en caso de que la Justicia no dé lugar al pedido de prisión domiciliaria de la defensa, existe la remota posibilidad de que deba permanecer detenida en un establecimiento de las fuerzas federales.

Llamado a “canalizar la disconformidad por medios pacíficos”

En tanto, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) hizo este miércoles un llamado para que la “disconformidad que pueda existir en ciertos sectores se canalice por medios pacíficos, tal como lo establece el marco institucional vigente y lo exige la convivencia democrática”.

“Nuestro sistema judicial prevé diversas instancias para que los afectados puedan plantear sus apelaciones; agotadas esas posibilidades, corresponde acatar el veredicto. Asimismo, cabe señalar que el descontento que algunos puedan tener ante la definición judicial debe manifestarse de manera tal que no perturbe el normal desarrollo de las actividades del resto de la ciudadanía”, indicó la entidad, que integra el Grupo de los 6, donde estás las cámaras empresariales más relevantes.

“En momentos en que Argentina hace esfuerzos para recuperar la confianza de los inversores locales y del exterior –mancillada por años de incumplimientos y anomia–, resultaría ciertamente desgraciado que la rebeldía ante una definición judicial devenga en una situación de desorden público. Corresponde apelar a la madurez de la población en general y de la dirigencia en particular para evitar que esto suceda”, agrega el comunicado de la CAC.

Asimismo, la cámara empresarial sostuvo que “resulta oportuno condenar el ataque que en el día de ayer sufrieron las instalaciones de la empresa Artear. Los desmanes, amén de que produjeron cuantiosos daños materiales, pusieron en riesgo la integridad física de numerosas personas que allí desempeñan sus labores”.

“Postulados tan ciertos como que la violencia es inaceptable en una sociedad democrática, que el desconocimiento de los fallos de la Justicia es impropio del sistema republicano, y que la corrupción es incompatible con la ética, a menudo parecen ser olvidados por la sociedad argentina”, señaló.

Por último, desde la CAC se hizo un “llamado a la reflexión general para que estas verdades tengan un lugar central como rectoras de la vida nacional, en el convencimiento de que solo así lograremos construir la Argentina libre, próspera y justa a la que aspiramos”.

El pedido de prisión domiciliaria

Esta mañana, los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy presentaron una nota ante el Tribunal para que Cristina Kirchner pueda cumplir con los seis años de cárcel en su departamento ubicado en la calle San José al 1111, sin la necesidad pasar por una alcaldía.

Especificaron además que las condiciones de asilamiento y vigilancia permanente necesarias solo pueden garantizarse en la privacidad de su hogar, y reclamaron que cumpla con el debido proceso sin hacer uso de la tobillera electrónica al exponer que tendrá custodiada las 24 horas.

Gregorio Dalbón, abogado defensor de Cristina, aclaró que el Ministerio de Seguridad no tiene competencia en la determinación que definirá el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) y que deberá pasar por un juez de ejecución.  “El ministerio de Seguridad no tiene injerencia, ellos dicen que sí porque es otra pillada de Bullrich que se está postulando para reemplazar a Milei o a (Rafael) Videla”, sentenció.

La detención de la expresidenta, que además sufrió un intento de magnicidio, altera cualquier tipo protocolos, por lo que el letrado considera que la exmandataria debiera realizar el procedimiento correspondiente en su departamento del barrio porteño de Monserrat.

En paralelo, Dalbón se presentó ante la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos, y se espera que la próxima semana eleve una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la aplicación del inciso f del artículo 366 del Código Procesal Penal Federal (CPPF) como última instancia de apelación.

La idea es poder acceder al recurso de revisión de la sentencia condenatoria dictada por la Cámara Federal de Casación, que -precisó- es vinculante para los jueces, y de lugar a la recusación de Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos.