Este nuevo caso de gatillo fácil ocurrió en localidad de Ciudad Evita, partido de La Matanza, este viernes 6 a las 7:40 de la mañana , horario en el que muchos niños de guardapolvo blanco transitaban por la calle con su mochila a cuestas. Thiago era uno de ellos, que fue internado en el Hospital de Niños de San Justo en estado crítico por haber recibido un disparo en la cabeza, y murió horas después. Una vez más, las balas de la policía irrumpieron allí donde había palabra, proyectos a futuro y gestos de ternura para destruirlo todo.

Thiago no llegó a la escuela junto a sus compañeros por culpa del agente policial Aguilar Fajardo, quien, estando de civil, se creyó dueño de la vida y la muerte de los jóvenes que intentaron robarle y respondió vaciando el cargador de su revólver. En esa balacera también asesinó a uno de ellos, Brandon Corpus Antelo, de 18 años, e hirió de gravedad a otros dos, Uriel Montenovo y Uriel Leiva, ambos de 21. Actualmente, el uniformado se encuentra detenido por orden del fiscal Diego Rulli, imputado por "exceso de legítima defensa".

Lo cierto es que no constituye un acto de "defensa" ni mucho menos "legítima" tirar a matar como forma de evitar un robo callejero. Ese procedimiento, que es moneda corriente dentro las fuerzas represivas, parte de deshumanizar a los jóvenes que delinquen, considerándolos residuos descartables. El desprecio por la vida de los denominados "pibes chorros", fomentado desde el poder, está atravesado por el racismo y el odio de clase, y se extiende a todos aquellos que se adecúan a esa imagen estereotipada.

Milei y Bullrich refuerzan ese estigma sobre la juventud de los barrios, batiendo el parche de la baja de edad de punibilidad y respaldando el accionar de las fuerzas represivas en cada hecho de gatillo fácil, como ocurrió con Chocobar o con el gendarme que asesinó al trabajador de frontera Fernando Gómez. De ese modo, buscan justificar una mayor militarización de las calles, a los fines de regimentar a la población trabajadora para evitar que levante cabeza frente a los atropellos del gobierno.

Con esos discursos punitivos, dan carta blanca para que muchos, al igual que Aguilar Fajardo, se sientan impunes de abrir fuego en la vía pública generando nuevas masacres. Lo ocurrido desmiente que la problemática de la inseguridad que azota a las barriadas obreras pueda encontrar solución aumentando la presencia policial, tratándose de una institución completamente imbricada en los circuitos ilegales de los que se nutren las actividades delictivas.

Como vemos, las responsabilidades políticas de este crimen llegan hasta la cúpula del Estado y la única forma de obtener justicia es a través de la movilización. Abrazamos a las familias de Thiago, de Brandon, de Uriel Montenovo y de Uriel Leiva en estos momentos tan difíciles.