El gobierno de Javier Milei sigue acumulando problemas. Al cimbronazo electoral del último domingo en la provincia de Buenos Aires y al escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad se suma ahora la reactivación de la investigación por el Criptogate, que tiene al presidente y a su hermana como protagonistas. La comisión investigadora, que el oficialismo intentó paralizar, se puso en marcha y resolvió avanzar con una medida de alto voltaje político: citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Las fechas propuestas para recibirla son el 23 y el 30 de septiembre. Si no se presenta, el cuerpo podrá recurrir a la Justicia para que disponga su comparecencia por la fuerza pública. El gobierno sigue sin colaborar: los dos funcionarios convocados en la primera ronda de declaraciones se ausentaron. Desde la oposición advirtieron que los citados buscan respaldo en la Justicia para desligarse de su obligación de declarar. Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción se negó a recibir la citación que le imponía presentarse y el oficial que fue a notificarlo tuvo que pegar la nota en la puerta de su despacho.

Tras el faltazo de los dos funcionarios, la Comisión Investigadora por el Criptoescándalo resolvió citar a la hermana del presidente. Una medida que meses atrás generaba resistencias dentro del propio Congreso entre algunos diputados que advertían que llevarla a declarar podía interpretarse como un gesto “destituyente”. Ahora la citación quedó fijada para el 23 o el 30 de septiembre. Como señal de buena predisposición, los legisladores definieron dos fechas posibles e incluso contemplaron la alternativa de trasladar la comisión a la Casa Rosada para escuchar a Karina Milei. De no concurrir, el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, podrá disponer una nueva citación y, en caso de repetirse la ausencia, el cuerpo quedará habilitado para requerir la asistencia de la Justicia y garantizar su comparecencia por la fuerza pública.

Juan Marino, secretario de la comisión, fue el primero en reclamar que la citación se fijara con anticipación: “Si no puede en esas dos fechas, que nos haga una contrapropuesta”, pidió el diputado de Unión por la Patria. A su vez, Mónica Frade propuso que “las autoridades de la comisión se constituyan en la Casa Rosada y le tomen declaración en el día y hora que ella pueda”. Visiblemente molesta por las dilaciones, la diputada Sabrina Selva agregó: “Nos encantaría ir a buscar con un patrullero a la secretaria general de la Presidencia para que de una vez dé la cara y explique, pero no es la facultad que nos estamos arrogando”. Y volvió a insistir con las citaciones a Melik y a María Florencia Zicavo, extitular de la unidad creada por el propio gobierno para auto investigarse pero que nunca entregó el informe final a pesar de los pedidos de la oposición.

El oficialismo y sus aliados volvieron a ausentarse. Ni el PRO ni la UCR participaron. Llamó la atención la presencia de la salteña Yolanda Vega, de Innovación Federal, justo un día después de que el gobernador Gustavo Sáenz cuestionara duramente al gobierno nacional.

En paralelo, la oposición avanzó con un pedido formal al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para que instruya a los funcionarios citados a presentarse en la próxima reunión de la comisión. En caso de que no lo haga, los legisladores anticiparon que podrían recurrir al mismo mecanismo previsto para Karina Milei: solicitar el auxilio de la fuerza pública.

Karina Milei es apuntada por haber coordinado reuniones entre el presidente y los promotores de la criptoestafa. Los diputados sospechan que pudo haber recibido dinero a cambio de la publicación del token que su hermano difundió en su cuenta de X el pasado 14 de febrero. Tras el estallido del escándalo, la hermana del mandatario enfrentó denuncias públicas de empresarios que la acusaron de cobrar una “tarifa” para facilitar el acceso al Presidente.

Los ausentes

La comisión había convocado en la primera tanda a Alejandro Melik, titular de la OA; María Florencia Zicavo, extitular de la UTI Libra; Luis Villanueva, exsubsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA; y José Mazzoni, primer titular de la OA. El único que acudió fue Villanueva.

Melik directamente se negó a recibir la notificación que lo obligaba a presentarse. El oficial que llevó la nota terminó pegándola en la puerta de su despacho. Ante esa maniobra, la diputada Sabrina Selva reveló que los legisladores evalúan acudir a la Justicia para que se los releve de la obligación de comparecer: “Es inaudito que los primeros funcionarios citados y que se niegan a venir sean justamente quienes estuvieron a cargo de la investigación del caso LIBRA”, denunció.

La diputada Julia Estrada explicó la relevancia de esos funcionarios: “Definieron una investigación en la que pusieron a la mano derecha de Cúneo Libarona al frente de la unidad creada por decreto para autoinvestigarse”. Esa unidad, recordó, se creó el 19 de febrero y se disolvió el 5 de junio. “Resolvieron absolver al presidente y a Sergio Morales y nunca pudimos conocer las conclusiones”, subrayó.

Tanto Melik como Zicavo enviaron notas al Congreso para justificar su ausencia, pero la comisión consideró que ambos escritos “no revisten los aspectos legales necesarios”. En su descargo, Melik alegó que el objeto de la comisión coincide con el de la causa penal, lo que implicaría “duplicar la investigación”. También sostuvo que el reglamento del cuerpo “excede ampliamente las facultades investigativas previstas constitucionalmente” y que su rol al frente de la OA lo obliga a guardar una confidencialidad “que, de vulnerarse, podría generarle responsabilidades penales”.

Los argumentos fueron rechazados por la diputada Frade, quien insistió en que “el derecho de defensa está garantizado” y recordó que los citados pueden concurrir con asistencia letrada. Luego apuntó con dureza contra Melik: “No debería estar un minuto más en su cargo de titular de la Oficina Anticorrupción mientras encubre un presunto hecho de corrupción”.

El rol de la OA y de Milei

El único testimonio que pudo escucharse fue el de Luis Francisco Villanueva, exsubsecretario de Integración y Transparencia de la OA. Categórico, afirmó que “el rol de la OA no fue el que debía haber sido”. Según explicó, el organismo “no analizó cuestiones que eran muy claras” y “no se tomó ni una sola declaración testimonial, cuando la OA está facultada para hacerlo”.

Villanueva también se refirió a la difusión del contrato de la criptoestafa por parte del Presidente. Señaló que el mensaje en redes con el que Milei anunció el lanzamiento de la criptomoneda fue “una acción de promoción, no de difusión” y advirtió que “están dadas las pruebas de una negociación incompatible con la función pública”. Luego profundizó: “Podría no haber puesto el link. El problema es que tiene información que no tenía otro, y la manera en la cual lo expresó. Si no hubiera puesto los datos para hacer el negocio, era más defendible”.

José Mazzoni, creador y primer titular de la OA, no pudo asistir por razones de salud, pero envió un escrito en el que cuestionó el accionar del presidente: “No actuó como persona privada, sino en carácter de presidente de la República, lo que lo hizo indudablemente público y con consecuencias penales. No hay calificativo para la confusión entre lo público y lo privado en quien ocupa la máxima jerarquía del Estado”.