El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó la medida judicial que prohíbe la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia. Advirtió que se trata de censura previa y alertó por los allanamientos pedidos a medios.

• FOPEA criticó la resolución del juez Alejandro Patricio Maraniello que impide difundir audios de Karina Milei.

• La entidad señaló que la decisión constituye un “acto de censura previa” contrario a la Constitución y a la Convención Americana.

• La cautelar fue solicitada por Milei, quien alegó que la difusión busca dañarla a ella, a su familia y al Gobierno.

• También se denunció un ataque planificado para condicionar las elecciones legislativas.

• FOPEA advirtió que los allanamientos impulsados por el Ministerio de Seguridad representan una amenaza a la libertad de expresión.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó este lunes un enérgico rechazo a la medida cautelar dictada por el juez civil Alejandro Patricio Maraniello, que prohibió la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La entidad consideró que la decisión constituye un “acto de censura previa” y recordó que los periodistas deben responder por sus actos solo con responsabilidades ulteriores.

La resolución judicial, dictada en el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, ordena que “cese la difusión de cualquier chat, foto, audio y video” vinculados a Milei que se anunciaran el 29 de agosto. Según la funcionaria, los materiales en cuestión buscan “dañarla a ella, a su familia y al Gobierno nacional”. Además, señaló que, de tratarse de audios reales, habrían sido obtenidos de forma ilegal dentro de la Casa Rosada, lo que calificó como “un hecho sin precedentes en la historia nacional”.

FOPEA remarcó que el juez adoptó la medida sin una investigación previa que determine el origen lícito o ilícito de los audios y recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la censura previa, salvo casos muy específicos como la seguridad nacional. “Los derechos al honor o la intimidad no admiten como regla la protección judicial preventiva, sino remedios posteriores”, subrayó el comunicado, y añadió que “cuando se trata de funcionarios públicos, sus actos en edificios oficiales trascienden el ámbito privado”.

En paralelo, la entidad alertó por los allanamientos solicitados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en medios de comunicación, entre ellos el canal de streaming Carnaval. “Cualquier allanamiento de este tipo puede transformarse en un acto intimidatorio para la prensa”, señalaron.

La presentación judicial planteó que la difusión de los audios sería parte de “un ataque planificado” para “generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas”, mencionando a periodistas como Mauro Federico y Jorge Rial.

FOPEA recordó la Declaración de Chapultepec de 1994, que rechaza toda forma de censura previa, restricciones arbitrarias o limitaciones al ejercicio del periodismo. Por eso, exigió a la Justicia que revise de forma urgente la medida cautelar y reclamó al Gobierno nacional que cese el hostigamiento contra medios y periodistas. “La sociedad tiene derecho a estar informada sobre asuntos de interés público”, concluyó el comunicado.