Durante la entrevista, Antúnez aclaró que las auditorías no están dirigidas exclusivamente a personas con discapacidad, lo que ha generado una gran confusión social. “Se están auditando tres tipos de pensiones: por discapacidad, por vejez y por maternidad de siete hijos”, explicó. Actualmente existen alrededor de 75.000 pensiones activas en Misiones, luego de una baja reciente de aproximadamente 5.000 casos. Esta situación ha llevado a que se mezcle a personas con condiciones completamente distintas en el mismo proceso, lo que complica aún más la gestión y comprensión del operativo.

Una de las denuncias más graves realizadas por la funcionaria es la falsificación de la firma del médico auditor, el doctor Peñalosa, en varios de los certificados emitidos. “El doctor ya hizo la denuncia penal correspondiente”, afirmó Antúnez. Además, contó que en al menos una de las auditorías estuvo presente un profesional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), pero que este no firmó ningún documento, por lo que todos los papeles entregados resultaron ser fotocopias sin valor legal.

Consultada sobre si existe algún equipo médico evaluador presente durante las auditorías, la respuesta fue contundente: no. “No hay médicos, no hay juntas médicas, no hay nadie que evalúe el grado de discapacidad de las personas”, denunció. Esta carencia deja en evidencia la falta total de criterios profesionales y clínicos para llevar adelante un proceso que afecta directamente a miles de personas en situación de vulnerabilidad. “Nos parece bien que se audite, como cualquier política pública, pero no de esta manera”, agregó.

Otro punto crítico abordado en la entrevista fue la inaccesibilidad del proceso para personas que viven en zonas rurales o de difícil acceso. Antúnez advirtió sobre la situación de muchas personas con discapacidad motriz que residen en colonias alejadas, donde no hay transporte ni caminos adecuados. “Esas personas son las que más necesitan la pensión, y son justamente las que no pueden llegar a una auditoría”, afirmó.

En relación con las acciones legales, informó que están trabajando en la presentación de un recurso de amparo colectivo. “Ya contamos con 270 personas que firmaron su consentimiento para que sean incluidos en la causa. Vamos a presentar casos testigos y toda la documentación que prueba lo mal que se está llevando a cabo esta auditoría”, explicó. El objetivo del amparo es frenar el proceso actual y exigir una reformulación profunda de los mecanismos y criterios utilizados.

Finalmente, la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad denunció que las auditorías no se están realizando en lugares oficiales como hospitales o sedes administrativas, sino en espacios improvisados. “En 25 de Mayo, por ejemplo, se están haciendo en el salón de una iglesia, que ni siquiera es el domicilio al que se citó a la gente”, denunció. Pero lo más preocupante, según detalló, es que quienes reciben a los beneficiarios no son funcionarios públicos ni profesionales de salud, sino militantes de La Libertad Avanza. “No se identifican correctamente. Algunos dicen que trabajan para una empresa privada, otros para el PAMI, otros para ANDIS. No hay claridad. Lo único que sabemos es que cargan la documentación al sistema y entregan certificados truchos que ANSES termina rechazando”, expresó. Y cerró: “Todo esto lo están pagando los ciudadanos con sus impuestos”.

Para aquellos damnificados que quieran aportar pruebas o ser parte del amparo colectivo, el Consejo Provincial de Discapacidad habilitó el número de contacto 376 473 9338, donde se recibe documentación, denuncias y testimonios.