El Gobierno de Estados Unidos anunció que volverá a intervenir en defensa de Argentina en el litigio internacional por la expropiación de YPF. Según se confirmó este miércoles, el Departamento de Justicia (DOJ) presentará en los próximos días un escrito como amicus curiae ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, con el objetivo de apoyar el pedido argentino de suspender el fallo que ordena entregar el 51% de las acciones de la petrolera.

La decisión se enmarca en el juicio iniciado por Burford Capital, fondo que adquirió los derechos de litigio y fue declarado beneficiario de un fallo de primera instancia en 2023. En aquel fallo, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar USD 16.000 millones por la forma en que se llevó a cabo la estatización de YPF en 2012.

El documento de apoyo fue firmado por David E. Farber, asistente del fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y se sumará al expediente como respaldo formal al planteo del Estado argentino. Esta no es la primera vez que Washington interviene en favor del país: en 2023, bajo el gobierno de Joe Biden, ya había recomendado a la misma jueza que rechazara el pedido de Burford por considerar que violaba principios de inmunidad soberana.

“La intervención del Gobierno de EEUU apunta a influir en la Corte de Apelaciones para que suspenda la ejecución del fallo de Preska mientras se resuelve la apelación”, explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, en su cuenta de X. Sin embargo, aclaró que este respaldo no se extiende, por ahora, a la totalidad de la causa ni al fallo económico.

Mientras tanto, la estrategia oficial argentina se apoya en sumar más aliados internacionales que actúen como amicus curiae en este tramo del proceso. Entre los países que podrían acompañar el reclamo están Uruguay, Paraguay, El Salvador, Italia, Francia y Alemania, aunque aún no hubo confirmaciones oficiales.

El juicio por la estatización de YPF se ha convertido en uno de los litigios más importantes para la Argentina en tribunales internacionales. El respaldo del Gobierno de Estados Unidos —aunque no vinculante— representa un gesto político y legal clave en medio de una causa con alto impacto económico, diplomático y estratégico.