La restitución se realizaría con el pago del retroactivo correspondiente, y los cobros comenzarían a partir de hoy, 9 de diciembre.
La coordinadora del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, manifestó en diálogo con Arriba Misiones, que la entidad está a la expectativa, ya que ellos también iniciaron dos acciones judiciales: una demanda colectiva por parte de Fiscalía de Estado ante la Corte Suprema de Justicia, y otra de particulares ante la Justicia Federal.
Antúnez explicó que la orden judicial se aplica porque existe una vulneración de derechos y los titulares de las pensiones se encuentran en una situación de vulnerabilidad que exige la restitución inmediata de los beneficios.
“En este mes debería darse el cumplimiento de la medida cautelar establecida por la Justicia Federal en donde se le realiza el reintegro a los pensionados con el pago de retroactivo, que es lo que establece la justicia a través de esta medida judicial. Así que nosotros estamos también a la expectativa y esperando porque tenemos muchísimas consultas”, sostuvo Antúnez.
Además, señaló que si bien el Gobierno Nacional apeló todas las medidas de amparo presentadas, la orden de la justicia prevalece hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que es el ordenamiento del procedimiento de las auditorías.
“Recordemos que en la provincia de Misiones, así como en el resto del país, las auditorías realizadas fueron totalmente de manera irregular. Entonces, la justicia ordena a que estas personas sean auditadas de alguna manera se les restituya las pensiones y para que estas personas también puedan atravesar un proceso claro y justo para poder demostrar si efectivamente les corresponde o no cobrar estas pensiones no contributivas”, explicó.
La coordinadora indicó que las pensiones no contributivas se empezarían a cobrar entre el nueve y el doce de diciembre, por terminación del DNI, con el retroactivo que establece la medida cautelar. Los que finalizan en cero y uno, inician el cobro hoy.
Respecto al monto, Antúnez detalló que la pensión está aproximadamente en doscientos noventa mil pesos, y se analiza la posibilidad de que se aplique un bono de setenta mil pesos. Sin embargo, hizo hincapié en que este monto es insuficiente y necesita una actualización urgente.
“Creemos que sí que es necesario un ajuste en este caso, que se revean los montos porque hoy realmente ese monto es insuficiente para cualquier persona para que pueda comer, vivir, y acceder a los medicamentos que necesite”, afirmó Antúnez, y destacó que, si bien muchos beneficiarios están cubiertos por el programa federal Incluir Salud para medicación y tratamientos, los ingresos están desactualizados frente a los aumentos de costos.
Finalmente, Antúnez remarcó la necesidad de garantizar otros canales de comunicación para las auditorías, además de la carta documento, especialmente para la población rural. Hizo hincapié en la articulación con los municipios y la utilización de medios funcionales como WhatsApp o correo electrónico.
“Debería garantizarse otro tipo de canales de comunicación, además de la carta documento y la articulación con los entes locales… Todas las provincias, no hablo solo de Misiones, creíamos lo más pertinente que podamos articular con este Ente para que las personas puedan acceder por lo menos a la información”, aseveró.
También señaló que, para las personas con discapacidad total que no pueden trasladarse, deben pensarse mecanismos alternativos como la auditoría virtual (similar a la Junta Evaluadora del CUD) o el acercamiento de profesionales a los domicilios para garantizar un proceso justo.
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