En medio de un clima de tensión política y con fuertes cuestionamientos de sectores energéticos, el Gobierno nacional aceleró un nuevo paso en su plan de desprenderse de infraestructura estratégica. El Ministerio de Economía aprobó los pliegos técnicos del Concurso Público Nacional para la venta del capital accionario de las sociedades que operan cuatro de las principales centrales hidroeléctricas del país.

La resolución habilita la apertura de las ofertas económicas, prevista para mañana a las 10 a través del sistema CONTRAT.AR, en un movimiento que especialistas describen como de “velocidad inusual” para un proceso de esta magnitud. El Ejecutivo defiende la iniciativa como parte de una “modernización y ordenamiento del sector energético”, pero la oposición y sectores técnicos advierten por la pérdida de control estatal sobre recursos críticos en plena urgencia fiscal.

En el mismo dictamen se dejó fuera de competencia a la firma Ips Renewal S.A., tras una recomendación de la comisión evaluadora ad hoc. Los paquetes accionarios en venta corresponden a las sociedades operadoras de Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A., todas piezas centrales del sistema hidroeléctrico nacional.

La Resolución 1910/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, confirmó a los grupos precalificados, entre ellos algunos de los jugadores más influyentes del mercado energético: Edison Inversiones, Hidroeléctrica Futaleufú, Genneia, Aluar, BML Inversora, Central Costanera, Central Puerto, Pampa Energía, ENEL Argentina, ENEL Generación El Chocón y Aes Argentina Generación, según el complejo.

La operación contempla la venta del 51% de las Acciones Clase A, el 47% de la Clase B y el 2% de la Clase C, en el marco de la normativa habilitada por las leyes 27.742 y 23.696, que ya había abierto la puerta a la privatización de empresas como ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina.

Mientras Economía insiste en que la transferencia permitirá atraer inversiones y mejorar la eficiencia operativa, expertos del sector energético y dirigentes opositores alertan por la entrega acelerada de activos estratégicos. Advierten que el Estado quedaría sin control directo sobre represas centrales para la regulación del sistema eléctrico y la gestión del recurso hídrico.

“Es una privatización apurada, sin debate, sobre infraestructura que define precios, generación y manejo del agua”, criticó uno de los especialistas consultados off the record.

El contraste entre la urgencia oficial y las advertencias técnicas alimenta el debate alrededor de un proceso que, para muchos, podría redefinir la estructura del mercado energético argentino durante las próximas décadas.