Cientos de pensionados intimados a presentarse para no perder el beneficio fueron recibidos en un restaurante abandonado, con largas esperas en la calle y sin infraestructura adecuada. Tras la revisión, se les entregó una “Constancia de Asistencia Evaluación ANDIS”, un papel sin sello ni membrete oficial, supuestamente firmado por el cardiólogo Leandro Peñaloza, cuyo número de matrícula aparecía ilegible.

La constancia indicaba que el beneficiario “deberá remitir copia de la documentación, de la constancia de atención brindada por el profesional a ANDIS, en un plazo máximo de 30 días, bajo apercibimiento de tener por no presentado el trámite con las consecuencias que puede implicar”. Entre las opciones ofrecidas figuraban la plataforma Trámites a Distancia, las oficinas de ANSES o el Centro de Atención de ANDIS más cercano. Sin embargo, en Misiones la agencia no tiene oficinas.

En declaraciones al diario Clarín, Peñaloza negó cualquier vínculo con la Agencia: “Este viernes, cuando alguien estuvo usando un sello profesional a mi nombre que a todas luces es falso: no coincide la tipografía y la firma que está estampada ni siquiera se asemeja a la que utilizo”.

El cardiólogo, con más de cinco décadas de trayectoria en Pergamino, sostuvo que “claramente hay una usurpación de mi identidad”. También cuestionó la participación de estudiantes en el operativo: “Aunque sean de medicina, no pueden realizar esas evaluaciones. Yo lo sé porque trabajé un tiempo en una dependencia municipal donde se extendían los certificados únicos de discapacidad”.

Apenas detectó la irregularidad, el médico habló con el fiscal de Pergamino y anunció que este lunes presentará una denuncia penal. “En 54 años de ejercicio de la medicina, es la primera vez que me pasa algo así”, subrayó.

Además, desmintió cualquier relación con La Libertad Avanza: “Me enteré que en Misiones incluso me quisieron vincular con esa fuerza política, pero yo no tengo ninguna relación”. Y aclaró que el sello utilizado no es suyo: “No es el que utilizo. Es un tipo de tipografía diferente. Cuando uno gestiona un sello, mínimamente le piden el carnet de médico y el DNI”.

La revelación coincidió con la presentación de un recurso de amparo por parte del Gobierno de Misiones ante la Justicia Federal, con el fin de frenar las auditorías y retrotraer la situación de los beneficiarios dados de baja.

La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, afirmó que el planteo judicial expone al menos un centenar de casos irregulares. “No se puede garantizar transparencia cuando no hay médicos ni profesionales en el proceso”, advirtió.

El Gobierno provincial pidió la restitución inmediata de todas las pensiones no contributivas suspendidas sin notificación válida y que se garantice un procedimiento de auditoría transparente, profesional y accesible. En ese marco, Antúnez remarcó: “El Gobierno Nacional no puede desentenderse de su obligación constitucional. Puede auditar, pero debe hacerlo con transparencia y sin vulnerar derechos”.

Fuente: Clarín