“Esta medida refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública”, expresó la cartera en el documento. Además, anticiparon que “la estrategia se profundizará este año con mayores reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial”.

El informe detalla que entre diciembre de 2023 y abril de 2025, el recorte abarcó tanto a la Administración Pública Nacional (APN) como a empresas estatales. En la APN, la reducción fue del 13,7%, mientras que en las empresas públicas alcanzó el 16,4%.

Uno de los datos más relevantes del estudio es el desglose por tipo de contratación. “El número de empleados de planta permanente y transitoria cayó un 8%, mientras que el personal contratado bajo la Ley Marco (Ley 25.164) y los empleados con contratos LOYS (monotributistas bajo el Decreto 1109/17) experimentaron descensos mucho más pronunciados, del 20% y 55,2%, respectivamente”, indica el informe.

En términos financieros, el Gobierno estimó que solo en concepto de sueldos, la reducción de personal permitió un ahorro anual de 942,5 millones de dólares. No obstante, aclararon que ese monto se duplica al considerar los costos indirectos asociados a cada puesto de trabajo. “Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios”, explicaron.

De ese modo, el ahorro anual total alcanzaría los 1.885 millones de dólares, un número que refuerza la narrativa oficial de ajuste fiscal para sostener el equilibrio presupuestario.

El informe también puntualiza el impacto según el tipo de contratación. “La reducción de personal fue particularmente significativa en los contratos regidos por la Ley Marco, donde el ahorro anual en sueldos ascendió a 231 millones de dólares, mientras que el ahorro total, al considerar los costos de infraestructura laboral, alcanzó los 462 millones de dólares”, indica.

En el caso del personal bajo modalidades permanente y transitoria, el ahorro anual en sueldos fue de 254 millones de dólares, con un total de 508 millones al incluir gastos asociados. En los contratos LOYS, (Locación de Obras y Servicios), los valores estimados fueron de 67 millones de dólares en sueldos y 134 millones de ahorro total.

La publicación de este informe se da en medio de una serie de medidas que buscan optimizar el funcionamiento del Estado, reducir el déficit y sostener el superávit fiscal. La administración Milei ya había anticipado su intención de avanzar con una reestructuración profunda del sector público y, recientemente, oficializó que los empleados estatales que no aprueben el examen de idoneidad serán desvinculados a partir del segundo semestre de 2025.

La Resolución 48/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece que a partir del 1 de julio de 2025 solo podrán renovarse contratos o incorporar personal en la Administración Pública quienes hayan aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias.