Un nuevo escándalo salpica a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en Misiones. Beneficiarios de pensiones por invalidez citados en la ciudad de San Ignacio fueron atendidos en condiciones precarias por estudiantes, quienes entregaron constancias con el sello y la firma falsificados de un médico cardiólogo de Pergamino, provincia de Buenos Aires.
Cientos de pensionados intimados a presentarse para no perder
el beneficio fueron recibidos en un restaurante abandonado, con largas esperas
en la calle y sin infraestructura adecuada. Tras la revisión, se les entregó
una “Constancia de Asistencia Evaluación ANDIS”, un papel sin sello ni membrete
oficial, supuestamente firmado por el cardiólogo Leandro Peñaloza, cuyo número
de matrícula aparecía ilegible.
La constancia indicaba que el beneficiario “deberá remitir
copia de la documentación, de la constancia de atención brindada por el
profesional a ANDIS, en un plazo máximo de 30 días, bajo apercibimiento de
tener por no presentado el trámite con las consecuencias que puede implicar”.
Entre las opciones ofrecidas figuraban la plataforma Trámites a Distancia, las
oficinas de ANSES o el Centro de Atención de ANDIS más cercano. Sin embargo, en
Misiones la agencia no tiene oficinas.
En declaraciones al diario Clarín, Peñaloza negó cualquier
vínculo con la Agencia: “Este viernes, cuando alguien estuvo usando un sello
profesional a mi nombre que a todas luces es falso: no coincide la tipografía y
la firma que está estampada ni siquiera se asemeja a la que utilizo”.
El cardiólogo, con más de cinco décadas de trayectoria en
Pergamino, sostuvo que “claramente hay una usurpación de mi identidad”. También
cuestionó la participación de estudiantes en el operativo: “Aunque sean de
medicina, no pueden realizar esas evaluaciones. Yo lo sé porque trabajé un tiempo
en una dependencia municipal donde se extendían los certificados únicos de
discapacidad”.
Apenas detectó la irregularidad, el médico habló con el
fiscal de Pergamino y anunció que este lunes presentará una denuncia penal. “En
54 años de ejercicio de la medicina, es la primera vez que me pasa algo así”,
subrayó.
Además, desmintió cualquier relación con La Libertad Avanza:
“Me enteré que en Misiones incluso me quisieron vincular con esa fuerza
política, pero yo no tengo ninguna relación”. Y aclaró que el sello utilizado
no es suyo: “No es el que utilizo. Es un tipo de tipografía diferente. Cuando
uno gestiona un sello, mínimamente le piden el carnet de médico y el DNI”.
La revelación coincidió con la presentación de un recurso de
amparo por parte del Gobierno de Misiones ante la Justicia Federal, con el fin
de frenar las auditorías y retrotraer la situación de los beneficiarios dados
de baja.
La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana
Antúnez, afirmó que el planteo judicial expone al menos un centenar de casos
irregulares. “No se puede garantizar transparencia cuando no hay médicos ni
profesionales en el proceso”, advirtió.
El Gobierno provincial pidió la restitución inmediata de
todas las pensiones no contributivas suspendidas sin notificación válida y que
se garantice un procedimiento de auditoría transparente, profesional y
accesible. En ese marco, Antúnez remarcó: “El Gobierno Nacional no puede
desentenderse de su obligación constitucional. Puede auditar, pero debe hacerlo
con transparencia y sin vulnerar derechos”.
Fuente: Clarín
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