El embarazo de una niña de 12 años en Bernardo de Irigoyen volvió a poner en evidencia las situaciones de vulnerabilidad y desprotección que atraviesan muchas infancias en Misiones. El caso, que se conoció a través de una publicación en redes sociales, fue denunciado ante la Justicia como un posible abuso sexual infantil y activó la intervención de organismos locales de salud, acción social y niñez. La niña cursa catorce semanas de gestación y, según los primeros relevamientos, no asistía a la escuela ni había tenido controles médicos previos.

Según relató Romina Cunha, psicopedagoga y directora del área de Niñez y Familia del municipio, “nos enteramos todos a través de las redes sociales; ni el hospital, ni la Policía, ni la Comisaría de la Mujer tenían registro del caso”. La información circuló en la página de una fundación que pidió ayuda para la niña y fue ese el punto de partida de la intervención institucional.

Cunha explicó que el domingo último se comunicó con la madre de la chica tras ver la publicación. “En esa publicación figuraba un número de contacto. Llamé, me atendió la mamá y me dio referencias para ubicar el domicilio. Al día siguiente fuimos con Acción Social”, indicó. Al llegar a la vivienda, la profesional se encontró con que la niña ya había sido trasladada para su primer control médico al hospital local, donde se constató el embarazo.

La directora describió un panorama familiar complejo, donde las condiciones socioeconómicas y educativas agravan la vulnerabilidad. “La nena tiene catorce semanas de embarazo, se le realizaron estudios y se inició su control prenatal”, detalló.

Luego añadió: “Vive con su mamá y dos hermanas -una de 8 años y otra de nueve meses-, mientras que otra hermana, de 15, ya es madre y vive con su pareja. Para la madre, la situación no representa algo grave, lo considera algo natural”.

Indicios de vulnerabilidad

La profesional confirmó que el caso fue elevado a la Justicia y se investiga por abuso sexual infantil, delito contemplado en el artículo 119 del Código Penal de la Nación Argentina, que establece: “Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de una persona cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.”

Asimismo, el mismo artículo dispone que “cuando la víctima fuere menor de trece (13) años, se entenderá que media violencia, aunque no se pruebe”, lo que significa que toda relación sexual con una persona menor de esa edad se considera abuso sexual con acceso carnal, sancionado con penas que pueden llegar hasta los 20 años de prisión, según los agravantes del caso.

Durante una entrevista con la niña, Cunha advirtió señales de vulnerabilidad emocional y falta de comprensión sobre su situación.

“Ella no menciona quién es el padre, se mostraba confundida cuando hablábamos. No es consciente de lo que le está pasando”, relató. Más adelante, al ser consultada por el defensor, la niña se quebró en llanto. “Esa reacción refuerza las sospechas de abuso y de un entorno que posiblemente encubre lo ocurrido”, señaló la funcionaria.

El relato de Cunha da cuenta de un patrón frecuente en casos de abuso infantil: el silencio sostenido por miedo, desconocimiento o normalización de la violencia. “Muchas veces las niñas no identifican lo que viven como una situación de abuso, sobre todo cuando el agresor es alguien cercano o del entorno familiar”, explicó.

Contención y acompañamiento

Desde el hospital local se le ofreció atención psicológica, aunque la menor decidió no aceptarla por el momento. “Le expliqué que la psicóloga la puede ayudar a hablar si está triste o angustiada, pero me dijo que no quería. Igualmente voy a seguir acompañándola para generar un vínculo de confianza”, contó Cunha, quien agregó que el acompañamiento emocional es un proceso lento y requiere empatía y constancia.

El área de Niñez trabaja actualmente junto con Acción Social y los equipos médicos para garantizar que la niña reciba todos los controles necesarios. “El jueves -por mañana- volverá al hospital para su control con la obstetra. También se gestionará su incorporación al programa Plan Nacer, y desde la Municipalidad se colaborará con la familia en la mejora de su vivienda”, adelantó la funcionaria.

Cunha insistió en que el objetivo principal es proteger la salud física y psicológica de la niña, al mismo tiempo que se asegura la continuidad del proceso judicial. “Acompañar no es sólo asistir, es estar presentes de forma sostenida, sin revictimizar y con un enfoque que priorice los derechos de la niña”, subrayó.

Una realidad naturalizada

La directora reconoció que en la zona existen otros antecedentes de maternidad infantil. “Acá es algo cultural. No es el primer caso de madres adolescentes o niñas embarazadas. Lo que lo hace particular es que nadie sabía nada hasta que se viralizó”, expresó. Este tipo de situaciones, agregó, suelen quedar invisibilizadas por la distancia con los centros urbanos y la falta de denuncias.

La funcionaria sostuvo que, además de la intervención judicial, es necesario profundizar el trabajo comunitario y educativo para desnaturalizar estas prácticas. “Todavía hay sectores donde se considera normal que una niña se empareje o quede embarazada. Hay que cambiar esa mirada, porque es violencia y es delito”, enfatizó.

Finalmente, Cunha destacó el compromiso de los equipos locales, aunque reconoció las limitaciones que enfrentan. “Estamos bastante alejados y con pocos recursos, pero tratamos de actuar rápido. La idea es fortalecer la articulación entre Niñez, Salud, Justicia y Acción Social, porque ningún área puede abordar sola una situación tan compleja”, explicó.

Desde su rol, la psicopedagoga remarcó que este caso debe servir como un llamado de atención sobre las brechas institucionales que persisten en el norte provincial. “Cuando un hecho así sale a la luz recién por redes sociales, significa que hay algo que no está funcionando como debería. Las infancias no pueden depender de que alguien publique su historia para recibir ayuda”, concluyó. 

Fuente: El Territorio