La Jefatura de Policía de Misiones dispuso pasar a disponibilidad al sargento Carlos D., custodio del intendente de San Ignacio, luego de que quedara mencionado en la investigación por la presunta captación y explotación sexual de una joven de 18 años en un complejo de cabañas de esa localidad. La decisión administrativa se tomó en las últimas horas, en paralelo al avance del expediente judicial.

La causa es instruida en la Fiscalía del Juzgado de Instrucción N°2 de Jardín América, a cargo del fiscal Jorge Fernández, que aguarda resultados de pericias y la elevación de actuaciones labradas tras el operativo realizado el domingo 26 de octubre. Una vez analizado ese material, la Fiscalía definirá si formula requerimiento de instrucción por presunto abuso o si deriva el expediente al fuero federal, en caso de que se considere configurada la hipótesis de trata de personas.

Durante el procedimiento que permitió asistir a la joven, fueron demorados tres hombres, entre ellos el funcionario policial ahora puesto en disponibilidad. No obstante, los involucrados permanecen en libertad, ya que por el momento no se hallaron elementos procesales suficientes para solicitar sus detenciones.

El caso tomó estado público tal que la Fundación Alameda, que preside Gustavo Vera, presentara una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). En el escrito se detalla la presunta captación de la joven, amenazas hacia su familia, el traslado forzado y un abuso sexual ocurrido en el complejo “La Familia”, en San Ignacio. Además, se menciona la presunta intervención de efectivos policiales y allegados a la administración municipal.

Según la denuncia, el padre de la víctima —sargento primero de la Policía de Misiones— tomó conocimiento de la situación luego de un intercambio de mensajes con su hija, quien comunicó que había sido trasladada desde Loreto hacia San Ignacio. El operativo policial se activó tras su aviso, y en el lugar se encontraron varios hombres, entre ellos el efectivo ahora desafectado preventivamente.

La joven, que posteriormente fue examinada por un médico legista en Puerto Rico, presentó signos compatibles con abuso sexual. Además, narró en una entrevista televisiva que habría sido drogada y agredida por varias personas. También afirmó haber recibido amenazas que involucraban a su hermana menor.

La denuncia presentada ante PROTEX solicita la investigación de posibles delitos previstos en los artículos 140, 145 bis y 145 ter del Código Penal, referidos a reducción a servidumbre y trata con fines de explotación. La organización adjuntó registros de mensajes, copia de la denuncia inicial en la Comisaría de la Mujer y contactos familiares para futuras medidas.

Por estas horas, las actuaciones continúan bajo reserva judicial. La disponibilidad del sargento se mantendrá mientras se define la continuidad de la investigación y la eventual competencia federal.