En Entre Ríos, por ejemplo, se habilitó hasta septiembre la caza de 150.000 coipos, una especie considerada de valor especial por la Administración de Parques Nacionales. Algo similar ocurre en Río Negro, donde se autorizó la caza y comercialización de fauna local.

Organizaciones como Aves Argentinas manifestaron su rechazo a estas medidas y reclamaron la aplicación del principio precautorio de la Ley General del Ambiente, que impide avanzar sobre especies cuya situación poblacional no está claramente estudiada.

Desde Vida Silvestre, en tanto, remarcaron que existe una “deuda histórica” en el control y cumplimiento de las normativas, y señalaron prácticas ilegales como el uso de perros para cazar ñandúes y venados de las pampas.

Ambas entidades advirtieron que la caza de especies nativas pone en riesgo la biodiversidad y reclamaron políticas públicas basadas en evidencia científica para proteger los ecosistemas y fomentar alternativas como el turismo de naturaleza.